La ley integral contra la violencia hacia las mujeres.

La ley integral contra la violencia hacia las mujeres.

Oportunidades y desafíos.

 

Ana María Pizarro

Directora Fundadora - SI Mujer

Integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia

El proceso de presentación y aprobación de la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres se desarrolló en un contexto especialmente complejo, en pleno proceso electoral, el menos indicado en cualquier país para proponer y analizar una ley de la importancia que esperamos tenga ésta en Nicaragua.

Partió de dos anteproyectos diferentes, uno del Movimiento María Elena Cuadra y otro de la CSJ que fueron unificados en la Asamblea Nacional, elaborando un dictamen que fue aprobado en lo general a fines del 2011 y luego en lo particular en febrero 2012, a una velocidad tal que no permitió su análisis en profundidad, -se conoce de diputadas que votaron a favor aunque no llegaron a conocer su contenido en profundidad-.

Si bien se realizó un proceso de consultas, este fue insuficiente y apresurado, se hizo de uno u otro anteproyecto por separado, inicialmente por el MEC y por la CSJ con funcionarios y funcionarias de las instituciones que intervienen en la llamada ruta de acceso a la justicia. También se hicieron procesos de consultas de manera comparativa por SI Mujer en 9 sesiones diferentes, en departamentos del Pacifico y la Costa Caribe y por la Red de Mujeres contra la Violencia en varios departamentos del país.

La acelerada aprobación de la Ley estuvo determinada por la velocidad con que se hizo el proceso de presentación y de consultas en un país donde la violencia contra las mujeres es una de las epidemias que ya no se puede silenciar. Por esto era imperativo analizarla detenidamente para que esta ley, más que necesaria sea verdaderamente integral, producto de un análisis reflexivo, amplio y participativo, dejando espacios al estudio de la legislación comprada para evitar contradicciones en su proceso de aplicación.

No se puede dejar de mencionar que esta acelerada aprobación y su presentación a modo de regalo oficial hacia las mujeres, suena de alguna manera como un intento de restaurar los daños que causaron las tremendas irregularidades del proceso electoral, algo así como calmar las aguas al interior de un país que vive ese proceso con grandes contradicciones.

Es una Ley enormemente necesaria y es producto de muchos años de lucha de las feministas de Nicaragua, de las organizaciones del movimiento de mujeres, y a la vez es el resultado de los esfuerzos que se han hecho durante más de 30 años en Nicaragua para erradicar la violencia contra las mujeres.

Es importante que la propia Ley reconoce en su primer considerando que las medidas que el país venía aplicando no lograron detener y resultaron insuficientes para erradicar la violencia contra las mujeres.

Avanza en una serie de definiciones que son importantes, la mayoría de las cuales han sido largamente analizadas por la Red de Mujeres contra la Violencia a la cual pertenezco, que considera que es un gran avance en relación a los DDHH de las mujeres.

Obliga al Estado a establecer una política de protección integral hacia las mujeres, que seguramente va a sobrepasar el estricto tema de la violencia, puesto que establece una serie de medidas y disposiciones que son necesarias establecer en el país y refuerza algunas que ya existían, además incorpora en la Ley definiciones de otras legislaciones que benefician a las mujeres.

Por ejemplo, para el ejercicio efectivo de todos derechos, se plantea que el país debe fortalecer e debe impulsar campañas de difusión de todos los derechos de las mujeres, mejorar las políticas públicas para prevenir la violencia, garantizar recursos económicos para las instituciones que tienen que cumplir la Ley, generar estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de la violencia y promover la apropiación y la amplia participación de diferentes asociaciones de la sociedad civil.

El Arto. 6 es determinante en cuanto establece la participación protagónica de la sociedad civil, sin embargo aparece en el Arto. 3 un elemento muy débil y que resulta contradictorio, ya que solamente habla de “colaborar” con las organizaciones de la sociedad civil.

La Ley se ocupa de la capacitación permanente de las funcionarias y funcionarios y no sólo menciona la capacitación, sino la “especialización” de funcionarios y funcionarias de todas las instancias del poder judicial y demás instituciones involucradas; también establece la necesidad de fortalecer las medidas de protección, incluida una línea telefónica, que tal vez no era propio de una Ley, sino de su Reglamento o de un plan de aplicación.

Los principios rectores de la Ley son muy importantes, como el principio de Acceso a la Justicia, de Celeridad de las Causas, de Concentración de las Denuncias, de Coordinación Interinstitucional…, sin embargo no menciona ninguna coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, solamente se quedan las coordinaciones entre instituciones del Estado. Está demostrado que ningún Estado por mas fuerte y desarrollado que sea ha podido resolver una problemática social sin el amplio concurso de la sociedad civil organizada.

El principio de Igualdad Real menciona a “las personas” aunque realmente la Ley debiera ser más rigurosa y en todo su articulado mencionar a “las mujeres”, puesto que de eso se trata, una Ley para proteger a las mujeres, de lo contrario, cualquier artículo podría ser utilizado para sancionar y penalizar  a las mujeres.

Incorpora además el principio de Integralidad, o sea el abordaje de todas las circunstancias que rodean y determinan la violencia, incluye la negligencia del Estado, el Interés superior del niño (no dice de las niñas y debió haberlas mencionado), el principio de No discriminación, pero lamentablemente no establece la no discriminación por idioma, y además no prevé la traducción como una obligación del Estado en todo juicio donde las mujeres no hablen español. De esta manera las mujeres de la Costa Caribe verán menguados sus derechos a contar con traducción como mandato de la Ley.

También establece el principio de No violencia, de Igualdad de género, de Protección de las víctimas, de Publicidad, de Resarcimiento, este último como una novedad, porque obliga al Estado a que el violador de los derechos de las mujeres haga acciones de resarcimiento y también que demuestre que tiene solvencia para resarcir los daños.

El principio de resarcimiento también incluye a la propia administración de justicia, o sea a funcionarias y funcionarios públicos. Menciona como fuerza de interpretación la legislación internacional y la CEDAW, aunque sistemáticamente todos los gobiernos desde 1990 se han negado a firmar el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que permitiría la exigibilidad de la Convención.

Arto. 6 es muy interesante, plantea que la sociedad a través de sus organizaciones, tiene el derecho y el deber de participar y dice de forma protagónica, para lograr la vigencia plena y efectiva, pero luego a la hora concreta de establecer cómo va a participar la sociedad civil, las organizaciones solo podrán ser oídas, pero no tendrán voto, lo que desvirtúa la participación real.

Con respecto a los derechos protegidos para las mujeres, desde la RMCV habíamos propuesto incluir la violencia que se ejerce en el ámbito íntimo, pero no se tomó en cuenta este planteamiento, en tanto en el ámbito íntimo -que podría ser definido como el dormitorio conyugal-, ocurre la mayor cantidad de actos de violencia y la muerte de las mujeres, fuera de la mirada de personas que puedan atestiguar, que es a la vez uno de los sustentos de la impunidad.

En cuanto a la violencia laboral, menciona todo tipo de no discriminaciones, pero no menciona la discriminación por opción sexual, en ninguna parte de la Ley se menciona la no discriminación por opción sexual, en estos tiempos en que los derechos de la diversidad sexual aparecen en el discurso pero continúan sin aparecer en la legislación. Tampoco menciona en este tema específico del trabajo el acoso laboral y la no discriminación laboral por discapacidad.

Por otro lado, cuando define la violencia sexual, no establece de manera específica que puede ser ejercida por el cónyuge, el ex cónyuge, el conviviente, ex conviviente, etc., sólo dice con la persona que pueda tener una relación de convivencia la mujer.

Hay un elemento importante, el Arto 9 establece por primera vez en la legislación nacional el Femicidio, y lo describe con términos muy aceptables y que la RMCV le dio seguimiento de forma persistente. Sin embargo en el artículo se habla que el cuerpo de la víctima puede servir para “satisfacción de los instintos sexuales”; o sea, queda establecido que existen instintos sexuales, una especie de mandato interior irreprimible que los hombres tienen necesidad de satisfacer y que van a ser condenados por ello, este término nunca debió ser incorporado, desde nuestra perspectiva y es a la vez contradictorio con la definición de femicidio, basada en la desigualdad de poder entre hombres y mujeres.

Hay otras medidas donde el tema del femicidio se extiende en distintos capítulos de la ley, y también establece la misoginia, a la que describe como una de las causales del femicidio, lo que es un enorme avance en la legislación nacional.

Hay una preocupación importante, como es en el tema de las amenazas. Se establecen penas para las amenazas e intimidación, pero resulta que muchas veces las amenazas terminan en lesiones gravísimas contra las mujeres o en femicidio, pero la pena es solamente de seis meses a un año. Lo negativo es la baja pena, lo positivo es que se incluye amenazas por medios electrónicos, que es la novedad por la cual los hombres torturan a las mujeres, en el trabajo en las casas o en las calles y que afortunadamente quedan registradas, y pueden ser aceptadas en un juicio, cosa que antes no existía.

Con respecto a la violencia en el ejercicio de la función pública, el texto de la Ley es muy interesante, establece penas para la violencia, establece la responsabilidad de funcionarios y funcionarias públicas, sin embargo, cuando la inoperancia de estos funcionarios permite que la violencia continúe, se siga incrementando y llegue hasta el femicidio, las penas tienen un tope de doscientos a quinientos días como máximo, lo que resulta muy contradictorio, porque avanza en el sentido que funcionarias y funcionarios pueden ser sancionados, pero la pena es realmente ridícula.

Establece medidas precautelares y medidas cautelares, al respecto ya hemos escuchado comentarios de abogados defensores de agresores que dicen que no establece la prisión preventiva; si realmente leemos con atención esta Ley nos damos cuenta que para su aplicación efectiva se necesitará aplicar varios artículos, porque hay temas similares en distintos artículos. Por ello se necesitan defensoras y defensores muy bien capacitados para poder aplicarla, aunque no dice exactamente “prisión preventiva”, dice “detener” al agresor.

Y quienes van a girar la orden de detención?, una novedad es que las Jefas de las Comisarías de la Mujer y la Niñez lo pueden hacer, un avance en ese sentido porque las Jefas de las Comisarías van a tener mayor jerarquía para tomar decisiones.

Un aspecto muy positivo es la formación de equipos especializados para la atención de las mujeres, también los Juzgados de Distrito Especializados en violencia, que deben contar con equipos interdisciplinarios, es muy positivo que mencionen los equipos, pero la Ley no establece que esos equipos deben tener participación de mujeres expertas de las organizaciones de la sociedad civil que son las que diariamente reciben centenares de denuncias y atienden a las mujeres en todo el país, contando con amplia experiencia sobre el tema.

Establece que los Juzgados de Distrito Especializados en Violencia conocerán y resolverán en primera instancia y que las Salas Especializadas del Tribunal de Apelaciones tomarán intervención cuando sea pertinente. Establece Salas Especializadas en los Tribunales y dice que esas salas son competentes, aunque falta el párrafo que diga que se crean las Salas Especializadas, o sea la Ley da por hecho que las Salas ya están creadas.

En el tema de la Competencia efectiva que es la aplicación concreta, habla de los Juzgados de Distritos Especializados en Violencia, eso va significar el compromiso del Estado de capacitar ampliamente a todo su personal y también brindarles su especialización, dado que no es lo mismo capacitar, que contar con personas expertas a la hora de atender a las victimas o durante los procesos judiciales.

Lamentablemente en el tema de la competencia efectiva se extrae del Código Penal aprobado en el 2008 y se incorporan a la Ley una serie de delitos que confunden su aplicación, como es el aborto sin consentimiento, el aborto imprudente y de las lesiones en el que está por nacer. Traen capítulos del Código Penal y se los insertan a la Ley en una redacción confusa, como que se están reivindicando las penalizaciones que ya existen y que tienen consecuencias tan negativas para la vida de las mujeres.

Por otro lado, en relación a las Comisarías de la Mujer y la Niñez, la Ley compromete al Estado en su fortalecimiento y su autonomía, porque hasta el día de hoy cada vez que se hacen procesos de capacitación a las funcionarias de las Comisarías, se termina capacitando a las promotoras, lo que también es importante, pero las funcionarias van quedando rezagadas en su especialización, las funcionarias son permanente llevadas a cumplir múltiples tareas fuera de las Comisarías si hay una marcha, una epidemia, un incidente y no tienen estabilidad, pudiendo ser removidas por distintas autoridades.

La Ley establece que son las Jefas de las Comisarías las competentes para incorporar, garantizar la  permanencia, el traslado y el egreso de su personal, son las únicas que pueden remover su personal, la ley le da mucha fuerza a las Jefas de las Comisarías.  Esto podría traer estabilidad y favorecería la mejor capacitación, en la medida que se respetaran por supuesto estos artículos y que las Comisarías tuvieran los recursos humanos que realmente necesitan.

Un elemento extremadamente negativo de la ley es el Arto, 51 mediante el cual el Estado nicaragüense faculta la creación de la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia, con catorce instituciones del Estado y ninguna de la sociedad civil.

Los artículos que siguen dicen que podrán ser llamadas organizaciones que trabajen en violencia cuando esta Comisión así lo estime conveniente, en la práctica esto es sinónimo de nunca. De esta manera no se incorpora de forma efectiva a las organizaciones de mujeres y lo peor es que termina estableciendo que cuando sean llamadas a estas reuniones las organizaciones tendrán voz, pero no tendrán voto. Esta es la mayor expresión de la exclusión y de falta total de reconocimiento al trabajo de las organizaciones de mujeres, que son las que han engendrado esta Ley con el trabajo cotidiano de más de 30 años en el país.

También manda a elaborar una política y es interesante por que le da un lazo de 180 días, o sea que en seis meses el Estado aun tiene una oportunidad para consultar a las organizaciones de mujeres, cumpliendo algunos de sus artículos, como el 6.

Además, la Ley adiciona del Código Penal artículos donde se definen lesiones relacionadas a la violencia contra las mujeres. Lamentablemente reforma el Arto. 155 de la Ley 641 Código Penal con el nombre de violencia doméstica o intrafamiliar, contradiciendo el espíritu y la forma de la Ley que es violencia contra las mujeres, y vuelve atrás al mencionar la violencia “doméstica”, un término que ya habíamos superado hace mucho tiempo.

Una Comisión Especializada de la Red de Mujeres Contra la Violencia está haciendo una reevaluación de la Ley que fue publicada en la Gaceta Diario Oficial y que tiene diferencias con los anteproyectos y el dictamen que hemos conocido; algunas son diferencias muy positivas, otras negativas.

Estamos haciendo un proceso a nivel nacional para difundir la ley, difundir todos los asuntos que se consideran positivos que son un gran avance de la legislación nacional y las debilidades que a la hora de su aplicación actuarían en detrimento de los derechos de las mujeres. Esperamos hacer esta discusión sumando los esfuerzos a todo el proceso que está desarrollando la Corte Suprema, el Movimiento María Elena Cuadra, para que las organizaciones sociales de todo el país, de todos los departamentos y municipios puedan conocer la Ley, conocer en qué nos beneficia, y en qué asuntos necesitamos poner mucha atención.

 

Grabación cortesía Cristopher Mendoza. Programa Onda Local

Transcripción:  María de Jesús Tenorio – Abril 8 del 2012

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